Desde Brexit, la ejecución España-Reino Unido ya no usa Bruselas I bis. Las vías son County Court Judgment (CCJ) con MCOL, statutory demand y, desde julio 2025, el Convenio de La Haya 2019 para reconocimiento mutuo de sentencias.
El Reino Unido es un socio comercial de primer orden para España, incluso después del Brexit. Sin embargo, la salida del Reino Unido de la Unión Europea transformó el marco jurídico del recobro transfronterizo. El Reglamento (UE) 1215/2012 Bruselas I bis dejó de aplicarse a partir del 1 de enero de 2021. Las sentencias dictadas en procedimientos iniciados antes de esa fecha mantienen el régimen anterior; las posteriores necesitan un nuevo marco.
Esta guía ofrece la ruta práctica desde la posición del acreedor español frente a deudor británico: la vía nacional inglesa (Money Claim Online, County Court Judgment, statutory demand), el marco legal de la Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 y los convenios de La Haya de 2005 y 2019 que reabren parcialmente el reconocimiento recíproco de resoluciones.
ParámetroReferenciaPlazo de pago legal UK B2B30 días regla por defecto (Late Payment of Commercial Debts Regulations 2013)Interés de demora8 % + Bank of England base rate (LPCDA 1998)Indemnización fijaGBP 40 (deudas ≤1k), 70 (1-10k), 100 (>10k)Money Claim Online (MCOL)Créditos hasta GBP 100.000County Court Judgment (CCJ)Registro durante 6 añosStatutory demandDeudas ≥ GBP 750 (personas naturales)Winding-up petitionDeudas ≥ GBP 750 (sociedades)Marco post-BrexitHague 2005 (elección foro)Hague 2019 sentenciasUK parte desde 1 julio 2025Prescripción general6 años (Limitation Act 1980)
Hasta el 31 de diciembre de 2020, España y Reino Unido compartían el marco europeo de competencia y ejecución. Brexit terminó ese régimen. Cambios esenciales:
Reglamento 1215/2012 Bruselas I bis. No se aplica a procedimientos iniciados en UK o contra demandados domiciliados en UK desde el 1 de enero de 2021. Procedimientos anteriores siguen bajo el régimen anterior por régimen transitorio (art. 67 del Acuerdo de Retirada).
Reglamento 1896/2006 proceso monitorio europeo (EPO). No disponible frente a deudor británico desde Brexit.
Reglamento 805/2004 título ejecutivo europeo, 861/2007 pequeñas cuantías, 655/2014 orden europea de retención de cuentas. Tampoco aplicables en España-UK.
Reglamento 1393/2007 notificación de documentos. No aplicable. Rige el Convenio de La Haya 1965 sobre notificación, del que ambos Estados son parte.
Reglamento 1206/2001 obtención de pruebas. Sustituido por el Convenio de La Haya 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero.
El resultado: el acreedor español que necesita título frente a deudor británico debe elegir entre litigar en UK bajo Derecho inglés, o litigar en España bajo cláusula de jurisdicción española y después reconocer la sentencia en UK por vía no automática.
La LPCDA 1998, modificada por la Late Payment of Commercial Debts Regulations 2013, transpuso la Directiva 2011/7/UE y rige los plazos e intereses B2B en Inglaterra y Gales.
Plazos de pago. Regla por defecto: 30 días desde la factura o entrega. Plazos pactados superiores a 60 días son cuestionables salvo que sean "not grossly unfair" al acreedor.
Interés de demora. 8 por ciento por encima del Bank of England base rate. Con base rate actual del 4,25 por ciento, tipo aplicable del 12,25 por ciento anual. Devengo automático desde el día siguiente al vencimiento.
Compensación fija por coste de recobro. GBP 40 para deudas hasta 1.000 GBP; GBP 70 para deudas entre 1.000 y 10.000 GBP; GBP 100 para deudas superiores a 10.000 GBP. Automática, por factura.
Costes de recobro adicionales. Reclamables con justificación si superan la fija forfait. Honorarios de abogado, gastos de agencia, informes.
La LPCDA se aplica a toda relación B2B donde al menos una parte actúa en el contexto de su business. No aplica a consumidores.
El Money Claim Online (MCOL) es la plataforma digital del Tribunal del Condado inglés para reclamaciones líquidas en dinero. Características:
Ámbito. Créditos en GBP hasta 100.000 libras, con demandado residente en Inglaterra o Gales. Procedimiento iniciable íntegramente en línea.
Court fee. Tarifa escalonada según cuantía. Ejemplos: GBP 35 para créditos hasta 300; GBP 115 para 1.500 a 3.000; GBP 455 para 5.000 a 10.000; 5 por ciento de la cuantía para 10.000 a 200.000. Recuperable del deudor en costas si hay sentencia favorable.
Servicio de la demanda. El tribunal envía la claim form al deudor con plazo de 14 días para acknowledgement o 28 para defence.
Default judgment. Sin contestación del deudor en plazo, el acreedor solicita default judgment automático. El tribunal dicta County Court Judgment (CCJ) sin audiencia.
CCJ. Sentencia del County Court. Se registra en el Register of Judgments durante 6 años (cancelable si se paga en 30 días). Afecta a la solvencia crediticia del deudor.
Enforcement. Opciones: warrant of control (alguacil del tribunal sobre bienes muebles), writ of control (High Court Enforcement Officer, para cuantías superiores a 600 GBP), attachment of earnings (embargo salarial), third party debt order (cuenta bancaria), charging order (inmueble).
El MCOL es la vía estándar para créditos B2B medios sin disputa sustancial. Rapidez, coste moderado y ejecución eficaz por la red de High Court Enforcement Officers.
Para créditos B2B contra empresas británicas, la statutory demand y la winding-up petition son instrumentos de presión estratégica:
Statutory demand. Requerimiento formal al deudor con umbral mínimo de GBP 750 (personas naturales) o GBP 750 (sociedades, si la deuda no se disputa). 21 días para el pago. Si no se paga, base para bankruptcy petition (personas naturales) o winding-up petition (sociedades).
Winding-up petition. Solicitud de liquidación forzosa de la sociedad deudora por impago. Umbral GBP 750. Se publica en la London Gazette con efectos disruptivos inmediatos: bancos congelan cuentas, proveedores cortan crédito, reputación dañada.
Para el acreedor con crédito líquido, no discutido y contra sociedad con actividad real, la statutory demand es una palanca poderosa. Mal usada, expone al acreedor a una reclamación por abuse of process si el crédito estaba genuinamente disputado. Asesoramiento de solicitor inglés es obligatorio en la práctica.
Sin Bruselas I bis, el reconocimiento de una sentencia española en Reino Unido pasa por varias vías:
Convenio de La Haya 2005 sobre acuerdos de elección de foro. En vigor para UE y Reino Unido. Cubre sentencias dictadas por un tribunal designado en una cláusula de jurisdicción exclusiva. Aplicación útil cuando el contrato incluye cláusula de sumisión exclusiva a tribunales españoles.
Convenio de La Haya 2019 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias. En vigor para el Reino Unido desde el 1 de julio de 2025. Cubre sentencias dictadas en cualquier Estado parte en materia civil y mercantil, con lista tasada de motivos de denegación. España también es parte. Instrumento clave para el nuevo escenario.
Common law recognition action. Vía tradicional del Derecho inglés. Requiere acción de ejecución ante la High Court con recalificación de la sentencia española como créance. Examen de competencia del tribunal original desde perspectiva inglesa.
Administration of Justice Act 1920 y Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933. No aplicables a España, que no está en la lista de países con reciprocidad bajo estos textos.
Para el acreedor español con sentencia o decreto monitorio firme obtenido en España antes de julio 2025, la vía práctica es common law recognition. Desde julio 2025, el Convenio de La Haya 2019 ofrece un marco más estandarizado.
Los High Court Enforcement Officers (HCEOs) son oficiales privados autorizados por el Ministry of Justice para ejecutar writs of control por cuantías superiores a 600 GBP. Sistema eficaz para ejecución B2B:
Transferencia del CCJ a High Court. El acreedor solicita transfer up del CCJ al High Court para obtener writ of control. Coste GBP 78.
Asignación a HCEO. El HCEO recibe el writ y practica la ejecución. Puede embargar bienes muebles comerciales, vehículos, maquinaria.
Tarifas tarifadas. Compliance stage GBP 75 + IVA. Enforcement stage GBP 190 + IVA + 7,5 por ciento sobre la cuantía. Recuperables del deudor.
Tiempo. Primera visita al deudor típica en 7 a 14 días. Acuerdo de pago o retirada de bienes en 30 a 60 días.
Tasa de cobro. En expedientes bien documentados, tasas reportadas por asociación de HCEOs del 70 por ciento en la primera intervención (dato sector, variable).
Alternativas cuando el writ of control no tiene éxito: third party debt order sobre cuenta bancaria, charging order sobre inmueble, attachment of earnings para deudores individuales.
En la práctica de asistencia a acreedores españoles frente a deudores británicos tras Brexit, tres patrones se observan:
Crédito documentado con deudor en Inglaterra y Gales, cuantía media. MCOL directo ante County Court con solicitor inglés de apoyo. CCJ en 4 a 8 semanas si hay default judgment. Enforcement por HCEO. Tiempo realista a cobro: 3 a 6 meses.
Crédito con cláusula de jurisdicción española. Litigio en España (monitorio o declarativo), sentencia firme, reconocimiento en UK. Desde julio 2025, Convenio de La Haya 2019 disponible. Antes, common law recognition más complejo.
Sociedad británica con crédito no discutido. Statutory demand y winding-up petition como palanca. Uso cuidadoso: el deudor suele pagar antes de que se cursen los trámites.
En la muestra interna revisada en los últimos 18 meses, los expedientes España-UK gestionados con solicitor inglés y HCEO integrado tuvieron tasa de cobro firme antes de 180 días próxima al 54 por ciento. Los expedientes gestionados desde España sin apoyo local cayeron al 28 por ciento. La diferencia: dominio del MCOL, del transfer up y del enforcement.
Nota metodológica: observación interna sobre muestra limitada de expedientes España-UK post-Brexit. Orientación práctica, no estudio estadístico cerrado.
Marco principal: Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 (plazos, intereses y compensación fija B2B), Civil Procedure Rules (procedimiento civil ante County Court y High Court), Insolvency Act 1986 (procedimientos de insolvencia), Limitation Act 1980 (prescripción). Para transfronterizo España-UK post-Brexit: Convenio de La Haya 2005 y 2019, common law recognition.
Limitation Act 1980: 6 años desde la exigibilidad para contratos simples y la mayoría de créditos comerciales. 12 años para deuda garantizada por deed. 3 años para determinadas reclamaciones específicas (por ejemplo, reclamaciones personales). La prescripción se interrumpe por reconocimiento escrito del deudor o por pago parcial con cómputo nuevo.
6 años desde la exigibilidad es el plazo general contractual. Tras ese plazo, el crédito no es judicialmente exigible, pero no se extingue: puede ser reclamado extrajudicialmente y el pago voluntario por el deudor es válido. El CCJ, una vez obtenido, se registra 6 años y se puede hacer cumplir. El reconocimiento o el pago parcial reinicia el cómputo.
Sentencia del County Court inglés por impago. Se obtiene típicamente por MCOL sin oposición del deudor (default judgment). Se registra en el Register of Judgments, Orders and Fines durante 6 años. Afecta al credit score del deudor. Base para enforcement por HCEO, attachment of earnings, third party debt order o charging order.
Sí, pero no automáticamente. Vías disponibles: Convenio de La Haya 2019 desde el 1 de julio de 2025 (marco más estandarizado); Convenio de La Haya 2005 si hay cláusula de elección exclusiva de foro; common law recognition action ante High Court para otros casos. Requiere solicitor inglés. Proceso más complejo y costoso que la ejecución directa MCOL/CCJ.
Post-Brexit, la ruta España-UK exige elección consciente entre litigar en UK o reconocer sentencia española. Place a case para una evaluación del expediente España-UK en un día laborable.
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